Mayas en el gobierno actual y sus contradicciones

Alcances de la crítica y las posibilidades del cambio

Comunidad de Estudios Mayas

La actual coyuntura que vive el gobierno y la sociedad guatemalteca, nos abre la posibilidad de analizar diferentes tópicos en relación a la organización y construcción de las formas de gobierno y el cambio en este país. En la organización del aparato estatal intervienen diferentes agrupaciones que introducen en ella sus intereses e ideologías, que mantienen desiguales fuerzas de poder y que están colocados en lugares jerarquizados. Para mantenerse a flote, el gobierno actual (y los pasados) necesita de esas fuerzas, pues a través de ellas intenta construir legitimidad y control sobre diversos asuntos que atañen al mismo gobierno y al país. No obstante, dadas las desiguales relaciones de poder, estos sectores, en muchos momentos quedan bajo el control de los grupos poderosos y corruptos que dirigen el sistema político, burocrático y financiero.

De esta manera, la intervención de algunos personajes mayas en este gobierno dirigido por el Partido Patriota se enmarca en este proceso y estructura. A través de ella se intenta construir la idea de que los mayas están representados e intervienen en dicho gobierno, pero esta presencia en lugar de conformarse como representación y participación sirve para controlar y reprimir a los pueblos y comunidades indígenas, principalmente a aquellas que buscan autonomía en el control de sus recursos y formas de gobierno. Aún más, la alianza de ciertos dirigentes de lo que fue el movimiento maya con el partido en el poder se torna en una forma de normalización de la vida política, es decir, en términos generales, también sirven como máscara y canal para llevar adelante la corrupción que las cúpulas militares, gubernamentales y empresariales están conduciendo.

Si la participación de los mayas en el gobierno, ministerios, congreso y dependencias dedicadas a los derechos culturales indígenas se produjo principalmente a partir del movimiento maya y la normalización de las ideas multiculturalistas e interculturalistas que introdujeron los Acuerdos de Paz a finales del siglo XX, actualmente ha tomado una forma compleja y complicada pues las redes de control y de corrupción carcomen las dependencias del gobierno central y las municipalidades. En muchos momentos las y los mayas que intervinieron en el gobierno fueron definidos como gente “cooptada” y en otras ocasiones ellos mismos hablaron de las posibilidades de la “intervención desde dentro”, es decir hacer cambios a partir de la participación dentro del aparato del Estado. Sin embargo, las posibilidades de lograr cambios profundos por supuesto están definidas por múltiples condiciones que son políticas, económicas e históricas.

Las y los mayas que intervienen o que intentan hacer transformaciones desde su actividad política o administrativa en el gobierno no logran sus propósitos porque hay una serie de condiciones que definen la cotidianidad y la estructura del aparato de gobierno, de esta manera en muchos momentos ellos se ven arrastrados pero en otros son anuentes a las formas en que se establece el manejo corrupto de los recursos económicos. No digamos, desde las municipalidades en donde mayas y ladinos han tejido ellos mismos, en contubernio con autoridades de alto rango, los mecanismos para desfalcar a las comunidades indígenas y campesinas de recursos que son fundamentales para la vida diaria y la transformación social y política de las mismas. Esto es así porque los artefactos de inclusión de los indígenas en la máquina estatal se desarrollan de manera individual y partidaria. Es decir, la forma en la que el Estado guatemalteco establece su relación con los Pueblos Indígenas es sólo desde las estructuras liberales del partido político –izquierda o derecha-. En este sentido, hay una imposibilidad de verles como sujetos colectivos con territorios y gobiernos. Esta mirada reduccionista les niega como sujetos que históricamente han producido trayectorias de autogobierno.

Como hemos afirmado, algunos personajes mayas actúan desde el gobierno en una clara confabulación con el sistema que impera, pues abiertamente justifican las políticas y los sistemas de control de los presidentes o ministros. Una pregunta que surge en este orden de ideas es ¿cómo se produce la intervención de esos mayas o su complicidad en la construcción de los sistemas de control y corrupción? Dado que la realidad social es compleja podría tomarse algunos ejemplos sobre cómo algunos mayas en el gobierno construyen discursos a través de los cuales también intentan justificar su participación sin cuestionar la historia de los partidos, del sistema político, el racismo, la corrupción y el colonialismo que reproducen cada uno de estos últimos.

Hemos escuchado a algunas personas mayas que laboran en la institucionalidad pública del actual gobierno o que de alguna forma colaboran con este, justificar su participación bajo diversas razones. Algunos aducen que si las y los mayas “hemos” pedido “inclusión”, es incoherente no ocupar los espacios que “nos ofrecen”, además es la “oportunidad” para “hacer experiencia en el Estado”. Otros dicen que hay que llegar a los “espacios de poder” si queremos hacer algo por el Pueblo Maya. Para otras y otros, debido a la crisis laboral, es obtener un lugar de trabajo que les da de comer. Cosas similares dijeron quienes hicieron gobierno con el ultraderechista FRG, o quienes fueron seguidores leales del gobierno de Arzú, Berger y Colom. Es verdad que el racismo estructural impide permanentemente a los mayas participar en la gestión pública, aun cuando muchas veces tienen más preparación y capacidades que cierta gente ladina, mestiza o criolla que vegetan (y por eso son cómplices de la condición actual) en la institucionalidad del Estado. Sin embargo, llegar de la manera en que se ha hecho tiene altos costos para las luchas políticas que se han establecido históricamente y que están dirigiendo actualmente las mujeres y los hombres mayas desde las comunidades o desde otros espacios.

Siguiendo con estas ideas, gente maya que ha estado en la gestión pública ha argumentado que trabajar en el gobierno ha sido la única manera en que temas como la interculturalidad, las tímidas reflexiones sobre racismo o la valoración positiva de la cultura maya, garífuna y xinca han podido instalarse en la mente de los funcionarios públicos. Un connotado intelectual maya con un puesto clave en un gobierno pasado, en una ocasión contaba presumiendo, que en una plática suya sobre “interculturalidad” al ejército, al finalizar los militares hicieron fila para preguntar sobre su nawal. Pero ni las ceremonias mayas, ni la lectura de los nawales han persuadido a los gobiernos a frenar la violencia política o la criminalización contra mayas y campesinos que defienden lo que les pertenece asumiéndose como sujetos políticos y no como sirvientes folklorizados.

El reclamo de derechos culturales que han hecho mujeres y hombres mayas en el pasado, en diversos sentidos se ha tornado actualmente en banalidad. Las luchas por que las prácticas culturales mayas tuviesen un lugar en los sistemas educativos o en la conformación de la sociedad, estaban estrechamente vinculadas al cuestionamiento del racismo, la exclusión social y política. Aunque algunos mayas siguen apostando por esta perspectiva y acción política, en muchos otros casos los derechos culturales mayas han sido vaciados de sus connotaciones políticas para ser definidos simplemente como artefactos e ideas sin un contexto complejo o una historia en donde se unen luchas, anhelos y vidas. Si recurrimos a la memoria histórica, no podemos perder de vista que fueron las luchas políticas indígenas las que obligaron al Estado a reconocer la existencia de los Pueblos Indígenas. Podemos recordar la prolongada lucha que distintas comunidades dieron por el reconocimiento político jurídico de sus sistemas de gobierno. Estos actos pueden rastrearse en las luchas organizadas después del genocidio, en la constituyente de 1985, específicamente cuando se redactaba el artículo 46 de la actual Constitución. En suma, el esfuerzo por pluralizar el Estado guatemalteco, es resultado del trabajo colectivo, no es una dádiva estatal, menos puede atribuírsele a personas indígenas que representaban o representan partidos políticos.

Esta separación entre cultura y política también ha posibilitado que después de la firma de la paz (1996), se haya desatado una cadena de violentos desalojos en comunidades indígenas y campesinas. Se ha vendido –o concesionado- territorios indígenas; perseguido, asesinado y masacrado a quienes defienden su derecho a la vida, sin que se manifieste interés de mediación o escucha. El actual gobierno, ha llegado al extremo de anular y/o secuestrar las pocas instituciones públicas fundadas por las luchas indígenas y de izquierda (PNR, DEMI, CODISRA, etc.). Pero también ha llegado a desconocer y hacer caso omiso de las decisiones que se toman en las estructuras de autoridad comunal, mismas que se enfrentan con los poderes y cacicazgos locales. No se podía esperar otra cosa de un gobierno cuyo presidente es un general señalado de genocidio contra el Pueblo Maya.

Ante este clima, organizaciones de corte sindical, campesina e indígena que hacen uso de un discurso por la defensa de la vida como la CONIC, una organización de larga trayectoria y reconocimiento nacional, ha llegado a ser profundamente afectada, fragmentada y deformada por la perversidad del poder gubernamental. A tal punto ha llegado la intervención del partido de gobierno en esta organización que en un comunicado[1] ampliamente conocido, quienes lo firman, hacen suyas las perversas contradicciones de esta siniestra administración que insiste en imponer la paz a través de la violencia y la corrupción. Así, optan por darle la espalda a la historia, a la memoria, a la ética y a cuantas mujeres y hombres campesinos les han confiado su participación y su vida misma. Abandonan su responsabilidad por la vida para profesar lealtad a un general que hace unas décadas fue el verdugo de su propia gente y lo sigue siendo. Es así como las dádivas quitan cualquier posibilidad de autonomía.

Mientras los mayas han llegado, con excepciones, a ocupar puestos clave (con todo y las contradicciones que ello implica), gente ladina, mestiza o criolla de izquierda sí ha llegado a puestos centrales, allí los vemos en este gobierno como en el del FRG, PAN y GANA. Su capital cultural y racial los hace cercanos y quizás les sirve para borrar la ideología que un día los separó y en nombre de la cual, tanta gente maya y pobre fue masacrada además de la desaparición de los líderes urbanos y rurales. No es descabellado pensar que para esta gente de izquierda, los mayas, sus cuerpos y sus vidas son insignificantes al igual que para la gente de derecha anticomunista. La vinculación de personajes de izquierda con el partido en el gobierno, en el pasado y en el presente, más que mostrar capacidad en la construcción de alianzas evidencia la gran inconsistencia y un actuar contradictorio de dichos personajes. Nos revela los límites de aquellos liderazgos -que supuestamente estaban en búsqueda de cambios radicales- y su peligrosidad en la construcción de alianzas. La rápida fragmentación de la izquierda desde la firma de los Acuerdos de Paz ha llevado a una total inconsistencia de muchos de aquellos personajes que afirmaban buscar la transformación revolucionaria de Guatemala, hasta tal punto que algunos de ellos avalan las ideas que intentan borrar la historia del genocidio en el país.

Nos seguimos preguntando en qué consiste la dignidad y la responsabilidad de la gente maya que está aliada a las altas cúpulas del partido patriota y los que lo han hecho en otros gobiernos. Más que alterar la eficacia de la estructura que nos domina, las relaciones de patronazgo que nos colocan en una posición de sirvientes, la refuerza. Las formas de dominación actuales, no solo desde el Estado, siguen siendo coloniales pues buscan un sometimiento, no solo económico y político, sino de la vida entera. Es decir, se busca un despojo de la dignidad individual y colectiva que deviene en un deseo de ser gobernados por quienes dominan. Desmotar la actitud de sirvientes, que los sucesivos gobiernos esperan de las y los mayas, significará seguramente esforzarnos para no dirigirnos hacia lo que las estructuras coloniales contemporáneas nos quieren orientar. Un orden colonial busca asumir el control de la vida de los Pueblos Indígenas, decide cómo nombrarlos y el para qué de su existencia, decide también cuando los quiere vivos y cuando debe asesinarlos. Por lo mismo, aunque parezca un asunto simple, es fundamental reflexionar sobre la manera en que debemos romper la dependencia psicológica “del amo” que obstaculiza las formas autónomas de hacer política.

Las actuales movilizaciones de la clase media y otros sectores capitalinos así como los de las cabeceras departamentales que buscan develar la corrupción del gobierno actual, la renuncia del presidente y las transformación del sistema político principalmente en lo relacionado a la ley electoral y de partidos políticos e incluso de la Constitución, se unen a los largos años de lucha que han dirigido y protagonizado comunidades indígenas como las del Polochic y Lote Ocho contra el desalojo y las violaciones sexuales contra mujeres mayas; las de San Juan Sacatepéquez en contra de la cementera; Santa Cruz Barillas y Santa Eulalia contra proyectos de hidroeléctricas y persecución contra líderes comunitarios en Xalapán, Sipacapa y La Puya contra la extracción minera o en Totonicapán contra la reforma constitucional, las privatización de la educación y el agua. Todos estas luchas surgen en respuesta a gobiernos que han dirigido el país, pero estrechamente vinculados a una estructura histórica de dominación militar, colonial y capitalista. Vivimos un momento que nos abre posibilidades para las alianzas entre múltiples sectores populares, de clase media, indígenas, mujeres, comunidades, estudiantes y demás, pero estas no se pueden hacer sin crítica y un posicionamiento claro frente a las condiciones históricas y coyunturales que ha vivido y vive Guatemala.

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[1]Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) “Por la defensa de la constitución de la república, la institucionalidad, por la justicia y la paz en Guatemala”. Guatemala, 24 de abril del 2015.