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Gladys Tzul Tzul[2]
Socióloga k’iche’.
Sí. Es tan vivo y presente ese “venimos a contradecir”, que era la frase
que daba inicio a varios de los alegatos de las comunidades para recuperar sus
tierras y para pedir que los criollos no las invadieran en plena época de la
colonia española. Con mas de cinco siglos de perdurabilidad y consistencia las
estructuras de gobierno comunal del norte de Huehuetenango siguen contradiciendo
y defendiendo sus territorios. Fueron las mujeres y hombres de Santa Eulalia,
Barillas, San Juan Ixcoy y San Mateo Ixtatán quienes dieron aviso a otros
territorios indígenas que una embestida de despojo de tierras se venía contra
las comunidades; hábilmente y con su estrategia comunal de deliberar y de
producir discursos y prácticas políticas convocaron a consultas comunitarias
para contradecir al modelo extractivo; se declararon territorios libres de
minería; organizaron la resistencia y con ello fueron dando cátedra de cómo los
pueblos se unen para defender territorios comunales y para defender el agua.
Lo que ha sucedido en Huehuetenango en
estos últimos años da para escribir crónicas y análisis de como las comunidades
responden a la represión, ha habido historias
de muertes de maestros, de cierre de radios comunitarias, del encarcelamiento
de autoridades comunales, de mucho dolor por la persecución de sus seres queridos.
Historias de q’anjobales ante un tribunal explicando
que no han cometido delitos y que lo que
han hecho es defender la vida y el territorio porque así se los han encargado
quienes los nombraron en asamblea; de mestizos que se unieron a las autoridades
comunales para defenderla vida; de
esposas que sostienen la lucha en las comunidades.
Poco importaría la escritura, si esta
tuviera efectos verdaderos de interrumpir la muerte, de liberar a los presos
políticos, de evitar la construcción de hidroeléctricas, y de que las
instituciones estatales no subordinen a las autoridades comunales.
Si de algo sirve la escritura, que sea
para apoyar el histórico acto de contradecir.
Por ello propongo tres puntos desde los cuales el juicio contra las
autoridades comunales del norte de Huehuetenango exhiben el anquilosado corsé
de la prolongada colonia en la república guatemalteca, corsé al cual las comunidades responden y
contradicen.
a) Venimos a contradecir que los niñxs no
son violentos, como se atrevió a decir una testigo que presentó el Ministerio Público
para acusar a los presos políticos del
territorio q’anjobalano. Lo contradecimos porque somos hijxs de mujeres
y hombres que día a día trabajan dignamente, de familias que desde tiempos
inmemorables cuidan y cultivan los territorios comunales; aprendimos con
nuestros padres y madres una serie de estrategias para organizar la vida en
colectivo y para resistir a los despojos. Nuestra escuela política fueron las
asambleas comunales, ahí comprendimos que las tensiones se tienen que regular y
se equilibran al calor de las
amenazas; que el trabajo comunal produce
riqueza concreta: las fuentes de agua, los ríos, los caminos, las montañas y
las fiestas, entre varias más.
Somos comunidades que hemos logrado
conservar nuestras tierras donde hoy día
las empresas quieren poner sus hidroeléctricas. Nuestra política comunal hace
posible nuestra vida, pero también hace posible la vida de varios cientos de
miles más. Las montañas que cuidan en el norte de Huehuetenango surten de agua
a gran parte de la población de Guatemala, incluyendo a las personas que osan
decir que a los niños son violentos.
b) Venimos
a contradecir, al ministerio público. Las
autoridades comunales no son agitadores. Son autoridades comunales y su función
es defender el territorio. Haciendo una reflexión de corte histórico podemos
nombrar que una de las funciones más importantes de las autoridades se puede
resumir de la siguiente manera: “eran responsables de preservar la integridad
territorial de sus comunidades frente a las incursiones de haciendas y otros
pueblos”[3] No hay
disociación entre autoridad comunal y asamblea comunal. Una no existe sin la
otra y viceversa. Ser autoridad adquiere un carácter de obligación por vivir en
comunidad. Las autoridades comunales encarnan la voluntad comunal, pero al
mismo tiempo, éstas se encuentran sujetas a las decisiones de las asambleas
comunales[4]. Son las comunidades con sus autoridades
quienes por siglos se han hecho cargo de regular la vida comunal y con ellos
han aportado al país. Todxs sabemos que donde
hay presencia de autoridades comunales, hay menos conflictos.
c) Venimos
a contradecir, a las instituciones de justicia estatal del norte de
Huehuetenango. Las autoridades comunales no boicotean a las instituciones
estatales. Así lo testimonian los presos políticos, que manifestaron que su
función es intermediar y coordinar con los representantes del Estado. Una de
sus principales funciones es reducir los conflictos y los enfrentamientos. Las
autoridades comunales permanentemente busca la coordinación de actividades,
sino, no podríamos comprender que hayan logrado su pervivencia en el tiempo.
Aunque casi todo el tiempo tienen que
lidiar con la subordinación de los funcionarios estatales, quienes muchas veces
hacen gala de su explícito racismo. Muchos de nosotros sabemos que mientras las
autoridades comunales son nombradas y designadas en asambleas, que son cargos
honorarios de mucha responsabilidad y que tienen la obligación de conocer y
respetar el funcionamiento de la estructura de gobierno comunal así como de las
instituciones estatales. Al contrario,
los operadores de justicia del norte de Huehuetenango no tienen ni el mínimo conocimiento
del contexto histórico donde trabajan, muchas veces son gente sin experiencia y
que tratan con mucho irrespeto a sus usuarios. O, varios de ellos, aún y conociendo
de las texturas histórico-políticas de los pueblos donde trabajan, deciden
seguir el juego estatal y se hacen cómplices de subordinar a sus hermanos. Mientras
las autoridades se acercan para hacer coordinación. Estos les responden con el
desconocimiento y la represión.
Así pues, el destino que tengan los presos
políticos del norte de Huehuetenango, marcará el rumbo del antagonismo entre
comunidades indígenas y estado guatemalteco. Así de radical. El tribunal tiene
la oportunidad de comenzar a hacer justicia, de liberarse del espíritu criollo
que funda el Estado guatemalteco.
Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar,
Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan, y Mynor
López. Aquí afuera los estamos esperando.
¡Libertad a los presos políticos!
[1] Tomo este extracto del título del libro
de Arturo Warman, que estudia las luchas de los campesinos del estado de Morelos, en México que
reclamaban sus tierras. El Título del Libro se deriva de las palabras
mismas de los campesinos.
[2] Agradezco a Simón Antonio. Ramón Por invitarme a escribir
para FGER. y noticiero Maya K’at.
[3] Tzul Tzul,
2016. Sistemas de gobierno comunal
indígena. Mujeres y tramas de parentesco. SOCEE. TZ’I’KIN y Maya Wuh.
[4] Este punto se encuentra explicado en el
peritaje que presente ante el juzgado de mayor riesgo en el juicio contra los
presos políticos de Huehuetenango.