Monday, March 3, 2014

Sistemas de Gobierno Comunal en Totonicapán: La organización de la reproducción de la vida*

Gladys Tzul Tzul
Comunidad de Estudios Mayas

1. El Punto de partida
Mi reflexión se inscribe en un universo concreto: Totonicapán y sus sistemas de gobierno comunal, sus tierras comunales (1) y  las disputas en torno a su uso y posesión, luchas que se despliegan en un tiempo largo.  Un tiempo que registra el antagonismo que se fragua entre el sistema de gobierno comunal indígena y el sistema colonial de dominio y explotación  que hoy día se prolonga  en la  estructura estatal liberal guatemalteca. 

En el presente texto me propongo exponer una sucinta argumentación del  despliegue de los sistemas de gobierno comunal en Totonicapán y con ello iniciar una discusión sobre la pertinencia de entender la política desde lo común.  Mi punto de partida es que lo común es una relación social (2) y que para el caso de Totonicapán—pero también a otras sociedades indígenas—las 48 comunidades funcionan como tramas de relaciones sociales entre hombres y mujeres que históricamente se han  organizado  para la reproducción de la vida, es decir organizar un gobierno. Siendo este el punto de partida, nociones como el  k’ax  k’ol o trabajo comunal podrá ser interpretada como lo que realmente significa: la organización del trabajo de mujeres y hombres para garantizar las condiciones materiales para la vida en colectivo y que además funciona como un mecanismo de inclusión a la vida comunitaria.

Preciso hacer dos distinciones, la primera es manifestar mi separación a los argumentos que se centran en la concepción de que las sociedades indígenas se organizan por usos y costumbres construidas desde una identidad. Esas interpretaciones que codifican lo indígena como una categoría  de identificación cerrada y sustancial dan cuenta de argumentos que se concentran en decir lo que es y lo que no es indígena a partir de  una categoría que se pretende universal. Este tipo de argumentos encubren la producción histórica  de luchas de mujeres y hombres indígenas que han organizaron la vida en comunidad  en condiciones  de luchas contra la dominación, más  bien  lo que hay en la memoria  colectiva de los pueblos y en particular en Totonicapán  son una serie de   relatos que dan cuenta de raigambres de luchas indígenas que datan desde los tiempos de la colonia y que permanentemente se están actualizando. Cada sociedad ordena  su tiempo, ocupa un territorio y hace uso  de sus historias para actualizar sus  luchas en el despliegue actual, lo cual dista de una pura costumbre.  Al respecto tomo las reflexiones de García Canal quien analiza sobre el orden del tiempo  "(…) orden de tiempo es la forma en la que cada sociedad  desde su propio  presente enlaza los tiempos –el pasado, el presente y el futuro—y provoca relaciones disimiles entre los campos de experiencias y los horizontes  de expectativas” (3). 

Mi segunda distinción, es con aquella otra postura que argumenta  que el dinamismo  comunitario en las sociedades indígenas -y en Totonicapán-  deviene del rol central de  las elites indígenas que conducen  a las comunidades,    al contrario yo  pienso que los sistemas de gobierno  han  funcionado a pesar de las  élites indígenas,  sin que esta afirmación me permita negar que  en los sistemas de gobierno  participen  una pluralidad de hombres y mujeres que son más o menos visibles  por sus relaciones con  instancias estatales y/o académicas.  Dado que los sistemas de gobierno  comunal organizan la vida cotidiana, entonces las mujeres y hombres   participan en el   servicio comunal y tiene que hacer sus jornadas de trabajo  comunal. En suma,  han de participar  en la vida comunitaria  de la misma manera que todos los demás.

Asamblea 194 después de la Rebelión de Atanasio Tzul. 
Tomando de la página web de  los 48 cantones de Totonicapán. Noviembre de 2013. 

 2. ¿Cómo funcionan los sistemas de gobierno en Totonicapán?

Los sistemas de gobierno  comunal históricamente han organizado  y autorregulado  la vida cotidiana sobre territorios que permanentemente se salvaguardan. Así, mujeres y hombres, históricamente  organizados en familias que han formado linajes de larga data  producen  una relación comunal  del uso de  la tierra,   han  ideado, creado y decidido  desplegar de manera colectiva una serie de prácticas y disputas por y para  la defensa de los medios  concretos que garantizan la reproducción de la vida, es decir, el territorio, el agua, el bosque. A esto me refiero  cuando  nombró sistemas de gobierno comunal indígena. 

Si  tomamos  a los  sistemas de gobierno comunal como una clave  de interpretación, entonces  podremos entender   la potencialidad  de las luchas, sublevaciones y formas  estratégicas de negociación que se han desarrollado a lo largo de los años. Formas de negociación algunas veces son contradictorias y ambivalentes, pero dan cuenta de complejos sistemas políticos que han producido formas de autorregulación de la vida cotidiana.

Sistema de gobierno comunal  también  puede ser entendido desde el ámbito de la reproducción, y a ésta la entiendo como “Los múltiples espacios donde se producen y reproducen los alimentos, donde se cuida, se capta y se usa el agua, donde se genera y se gestiona la vida cotidiana, se crían a las nuevas generaciones y se dota de sentido a la existencia” (4). Puntualizo: gran parte de ese trabajo colectivo es realizado por mujeres, de tal manera que  es el trabajo de las mujeres una fuerza nuclear en el despliegue de los sistemas de gobierno.

Como ya dije, en este texto me concentro en la singularidad de Totonicapán y sus luchas concretas   en materia  de la organización de la vida y la defensa de la tierra comunal, no solo por mi experiencia concreta de vida  gestada ahí, sino también porque  permite analizar y develar los mecanismos del cercamiento de tierras y las embestidas que permanentemente dirige a las formas de gobierno comunal el sistema liberal. La singularidad también permite comprender un proceso en sus  interrelaciones, en este sentido, Totonicapán  también ha de ser interpretado a partir de los encadenamientos políticos y económicos que se construyeron con los demás pueblos que habitan los territorios  del Iximulew.

Un ejemplo que puede ayudar a esclarecer lo que digo  son las protestas contra  el trabajo forzado y la ley de vagancia que sucedían en los mismos años en Nebaj y en Totonicapán. En Nebaj los principales  dirigen un memorial  al Presidente de la República  quejándose de los contratistas y el trabajo forzado, acto que   dio inicio  a un levantamiento que en 1936 fue reprimido por No reconocer a la autoridad Estatal (5). Por esas mismas fechas la alcaldía indígena de Totonicapán   enviaba  una carta donde exigían que  se retirara la ley contra la vagancia y de los trabajos forzados, aquí me resulta imposible  pensar que nunca se escucharon de las sublevaciones entre  los pueblos y tampoco es disparatado decir que se organizaron conjuntamente los levantamientos y las protestas. 

Para abonar a lo anterior, quiero referirme a la tradición comerciante de Totonicapán, que en su mayoría  fue  realizada por hombres que recorrían una infinidad de pueblos, en Guatemala, Salvador, Honduras y México, ese contacto seguramente extendió las ideas políticas indígenas sobre las luchas y la necesidad  de romper el orden de dominación de esos años. Totonicapán se sublevó para desconocer la ley de jornaleros (6). 

¿A qué aluden los sistemas de gobierno comunal? A la Soberanía. A mi entender  en  los sistemas de gobierno comunal se juega la construcción de soberanía, es decir la prerrogativa de la decisión política. Es preciso abandonar la clave estatal nacional para  analizar la  perspectiva de la soberanía. Tomo las ideas de López  Bárcenas que  propone  una inversión del sentido en el que tradicionalmente  han sido planteadas las cuestiones políticas. “Los titulares de la soberanía no sería algún tipo de  Estado Nación sino los pueblos indígenas en ejercicio de  autonomía” (7). De tal forma  que el término de soberanía   que  utilizo en este texto  no abreva de la clave estatal-nacional  sino de la capacidad de  decidir y de organizar colectivamente la vida en un determinado territorio. Es una soberanía que está permanentemente agredida por las fuerzas estatales, no es un proceso cerrado y completo. 

Este proceso de producción de soberanía hay que introducirla en una dinámica histórica del hacer comunal-asambleario que produce una decisión, esto da cuenta  de que los sistemas de gobierno comunal no están dados, sino que permanentemente se están actualizando y produciendo.  

Mi interpretación sugiere que en el despliegue de los sistemas de gobierno comunal se produce una política en común que gestiona y regula la vida colectiva, por lo tanto establece un orden de mando que permanentemente disputa al Estado guatemalteco la prerrogativa por decidir y organizar la vida. Es una pelea  por decidir las formas del uso de los medios de vida: la tierra, al agua, el bosque, los caminos.

¿Cómo  y de qué manera se disputa este orden de mando?  Dado que los sistemas de gobierno comunal se constituyen en tramas de política no estadocéntrica y que van modificando drásticamente las más fundamentales relaciones de mando obediencia que segmentan, jerarquizan y estructuran a las sociedades (8). Desde el momento en el que se centra la atención en la reproducción y en los medios para garantizarlos y eso  ya significa otro lugar diferente al estatal.  Sin que esto significa  de ninguna manera que este libre de toda tensión interna, al contrario, el proceso de producción de decisiones y de organización genera una serie de tensiones.

Ahora bien, si se mira con esta clave las confrontaciones entre los sistemas de gobierno indígena y el Estado nación guatemalteco pues es posible distinguir con mayor claridad la capacidad que han tenido los sistemas de gobierno comunal en Totonicapán  al  fracturar los esquemas de la política nacional guatemalteca, de poner límites al Estado para que no decida sobre la vida política comunitaria.

Propongo  esta clave para interpretar que  la violencia que se ejerce sobre los pueblos   indígenas es por una disputa de soberanía en el territorio.  Traigo a colación el levantamiento indígena  que el 4 de  octubre de 2012 se desplegó en Totonicapán. Este fue un levantamiento que planteó límites al Estado.  Ese día  la carretera interamericana  fue ocupada como medida de presión para limitar jurídicamente  al Estado  y a las  empresas  multinacionales  que  fue objeto de represión y de  una masacre. En este multitudinario levantamiento en el que participaban mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes y ancianos k’iche’s de los cantones y comunidades de Totonicapán ocuparon varios puntos  de la carretera, pero eran nucleares por su importancia: Cuatro Caminos, Alaska, Xencachavox y la Morería con las siguientes. Los límites que se querían poner eran:

a) Rechazar el proyecto de  reforma constitucional que quiere instaurar el gobierno de Otto Pérez Molina y que busca modificar el estatuto de los pueblos indígenas en la Constitución de la República, (art. 1 y 66) que niega y ataca los procesos y trayectorias de autonomía que hemos venido desarrollando históricamente por el autogobierno soberano  en los  territorios  comunales que habitamos. Asimismo esa reforma busca la posibilidad de constitucionalizar la presencia y ejecución de “fuerzas combinadas”  (término de uso común que significa la actuación conjunta de ejército y policía) para  “establecer la paz social”  (art. 244, 246 y 250);

b) Revisar las causas de los altos cobros en las tarifas eléctricas de la Empresa privada que presta el servicio de electricidad, Energías de Guatemala, ENERGUATE; y

c) Apoyar las protestas de los estudiantes del Magisterio contra el incremento en los años de estudio (de 3 a 5) en la carrera magisterial.

Los resultados los conocemos en  números de asesinados y heridos porque el ejército perpetró una masacre donde murieron 6 hombres  y  quedaron  heridos más 30. ¿Qué estaba en juego para que el Estado ordenara disparar? Con los argumentos anteriores se puede decir que  un levantamiento de esta naturaleza disloca la soberanía que el Estado supone detentar sobre lo que considera territorio nacional. El ejercicio político comunal de Totonicapán–y de varios pueblos más-pone en entre dicho tal supuesto.

Foto del día  5 de octubre de  2012.   Acto de homenaje a nuestros compañeros muertos  en la masacre del 4 de octubre.
Tomada de la página del Concejo de Pueblos de Occidente.

NOTAS:

*Agradezco  los comentarios  que recibí de mis colegas de  la Comunidad de Estudios Mayas, Aura Cumes, Edgar Esquit y Emilio del Valle Escalante. Por su puesto,  las carencias son mi responsabilidad.

(1) Se conoce como tierras comunales a las propiedades que son  los territorios  en los que se habitaba   antes de la invasión colonial, son las que  se han  defendido  incesantemente  a lo largo de la historia y   las que se compraron en  el siglo XIX. En   1875  las autoridades comunales  se organizaron para  realizaron procesos de   ampliación de la tierras  comunales por la vía de la compra.  Esto se transmite  en  los  informes, las consignas y los recorridos  de las tierras comunales  que realizan las autoridades  y representantes de las comunidades. 

(2) Mi reflexión  de esta temática se deriva  de las lectura de  los textos de Silvia  Federici   quien interprrta  que comunidad no es una  realidad  cerrada, como un grupo de  personas  unidas por intereses exclusivos, que los  separa de los otros como  las comunidades  basadas en la religión. Comunidad  es un tipo de relación social. Ver Federici, Silvia. La Revolución Feminista Inacabada.  Editorial  Escuela Calpulli.  México 2013. 

(3) García Canal, María Inés.  Entre Memoria  de Mujeres y de género. Revista  Debate Feminista, Año 24  Vol 48.  México, Octubre de 2013. 

(4) Gutiérrez Aguilar, Raquel,   prólogo  del libro  La Revolución Feminista Inacabada. Ibíd.

(5) Equipo de Memoria Histórica:  Cuatro Rumbos  y una historia de resistencia: Resistencia  del Pueblo Ixil.  Consejo de Autoridades Ancestrales Mayas del a Región Ixil.  Fundamaya,  Boletín Informativo de 5 de junio de 2013. Guatemala.

(6) Es la denominada rebelión de los señores de Chuitamango.   Se dice en los relatos de la memoria  local en Totonicapán  que llegaron    cientos de  comuneros al centro del pueblo para informar que  no realizarían  trabajos forzados.

(7) López Bárcenas, Francisco. Autonomías Indígenas en América Latina.  Textos Rebeldes,  primera edición. La Paz Bolivia 2007.

(8) Raquel   Gutiérrez reflexiona  de manera más amplia lo que se refiere a la   Politica no  Estadocentrica.   Ver  Más allá  de la “capacidad de veto” El difícil  camino de la producción  y reproducción de lo común.  Reflexiones desde América Latina.  

Friday, December 27, 2013

A casi dos décadas de los Acuerdos de Paz en Guatemala*

Emilio del Valle Escalante
Comunidad de Estudios Mayas / 
Univ. de Carolina del Norte, Chapel Hill, EU

El 29 de diciembre de 1996 tuvo lugar la firma de los Acuerdos de Paz que formalmente dieron fin a 36 años de represión política institucionalizada en Guatemala. Luego de casi dos décadas de este acontecimiento histórico, ¿Dónde estamos hoy—especialmente los Pueblos Indígenas—frente a estos Acuerdos?

El fin formal de 36 años de represión política estatal, para muchos indígenas, representó un nuevo comienzo. Como se sabe, luego de la firma de los Acuerdos de Paz vimos cierto protagonismo de organizaciones Mayas que ganaron un poder de convocatoria política a nivel nacional. Se pusieron en la mesa de debate importantes discusiones sobre reivindicaciones territoriales, culturales, lingüísticas y religiosas; se inició todo un proceso de revisión histórica que de otra manera empezó a visibilizar el protagonismo histórico de los Pueblos Mayas, Xinkas y Garífunas. Pero si bien hemos de celebrar estos logros, otros aspectos de los Acuerdos han sido prácticamente sepultados. Me quiero referir en este espacio a Los derechos relativos a la tierra de los Pueblos Indígenas. 

En los Acuerdos de Paz, Los derechos relativos a la tierra se sustentan en la constitución guatemalteca de 1985 donde el estado guatemalteco manifiesta su obligación con los Pueblos Indígenas. Tanto en los Acuerdos de Paz, como en los Acuerdos sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Inígenas (AIDPI), Los derechos estipulan, entre otras cosas, garantizar "la tenencia de la tierra comunal o colectiva, como la individual, así como el aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio de las comunidades, sin perjuicio de su hábitat [sic] Asimismo, establece la obligación del Estado de brindar protección especial a las tierras de cooperativas, comunales o colectivas; reconociendo el derecho de las comunidades indígenas y otras a mantener el sistema de administración de las tierras que tengan y que históricamente les pertenecen, además de contemplar como obligación del Estado el proveer de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo" (27).(1) 

A casi dos décadas de la firma de los Acuerdos de Paz, estas palabras parecen representar letra muerta cuando consideramos algunas de las luchas por la defensa del territorio que se libran en Guatemala. En lugares como Santa María Xalapan en Jalapa, Barillas en Huehuetenango, San Marcos, San Juan Sacatepéquez y Totonicapán, ¿Dónde ha quedado la obligación del estado guatemalteco por “brindar protección especial a las tierras cooperativas, comunales o colectivas”? ¿Dónde están los derechos de las comunidades indígenas a mantener sus “sistemas de administración” territorial? Contrario a lo estipulado en los Acuerdos y el AIDPI, el estado guatemalteco más bien ha irrespetando leyes que favorecen nuestras reivindicaciones en nombre de políticas neoliberales extractivistas depredadoras. En este sentido, el mundo “globalizado” al que supuestamente Guatemala entró luego de la firma de los Acuerdos de Paz, marca para muchos de nosotros, el inicio de una etapa neocolonizadora.

Esta etapa se manifiesta descaradamente a través discursos de “desarrollo económico” que se realizan desde varias cúpulas de poder y sus aparatos estatales de dominación. Ahí está hoy día el gobierno liderado por Otto Pérez Molina, un exmilitar que en octubre de este año se jactaba de que la inversión extranjera en Guatemala haya aumentado en un 25%.(2) Tales inversiones, según él, convertirán al país en uno de los más “reformadores del mundo”, “un centro logístico energético” con “exploraciones petrolíferas, y capaz de captar la inversión extranjera por medio de ‘incentivos fiscales y leyes modernas para el mercado laboral’”.(3) De ahí que Pérez Molina defienda y aplauda el estatus quo y los intereses capitalistas de empresas (trans)nacionales como Cementos Progreso, empresas mineras como la “Marlin Gold” y proyectos hidroeléctricos como Cambalam I, operado por la empresa Hidro Santa Cruz, la cual es subsidiaria en Guatemala de la empresa española Hidralia Energía.


Sin embargo, con ideas de “captar inversión extranjera”, estamos sin duda alguna frente a nuevas políticas estatales que sustentan su poder en base al egoísmo elitista del capital trasnacional. En Guatemala, estas políticas operan a través “diálogos” realizados a puertas cerradas, los cuales han violado las consultas populares comunitarias que rechazan la economía extractivista depredadora de empresas (trans)nacionales. Quienes se resisten a estas políticas económicas, como Yolanda "Yoli" Oquely Veliz o Diodora Antonia Hernández Cinto, se encuentran con campañas de intimidación, manipulación, persecución, encarcelamiento y hasta muerte.(4) Pareciera más bien que el reloj de la historia ha iniciado una marcha retrospectiva que paulatinamente nos devuelve a un pasado lleno de incertidumbres; un pasado-presente que se vuelve a caracterizar por sus incesantes violaciones a los derechos humanos. 

En efecto, con el establecimiento del neoliberalismo luego de la firma de la Paz, al igual que en el pasado, se han resucitado campañas de persecución, encarcelamiento y asesinato contra los líderes comunitarios como Santos Ajau, Daniel Pedro Mateo y Tomás Quej, quienes heroicamente defendieron sus territorios contra las campañas extractivistas depredadoras. Sus asesinatos permanecen todavía en la impunidad.


Estas tácticas de intimidación, así como las políticas neoliberales abanderadas por los gobiernos “democráticos” luego de la firma de Acuerdos de Paz, van pareciéndose mucho a lo que Patrick Wolfe describe como el “colonialismo de asentamiento” (settler colonialism), el cual opera en base a su deseo por eliminar al “nativo”. Este proyecto lo articula el colono – en nuestro caso, el ladino o el criollo que abandera estos proyectos neoliberales extractivistas – mediante su incesante lucha por apropiarse de territorios indígenas y los bienes naturales. La tierra es vida y sobrevivimos en base a lo que ésta nos ofrece. De allí la importancia de los colonizadores y los colonos de, por un lado, eliminar o desarraigar a las comunidades mayas de sus lugares de origen a modo de establecerse en sus territorios y explotarlos; y/o por el otro lado, de domesticar y cooptar al Indígena a modo de encontrar apoyo a sus campañas de despojo, colonización y asentamiento.(5)

Tomando esta línea de argumentación, las compañías (trans)nacionales en Guatemala operan al amparo de un estado guatemalteco que en lugar de velar por el bien común y los intereses colectivos de su sociedad, más bien funciona como un capataz que al recibir su pago se quita el sombrero y agacha la cabeza para decir “sí, señor. Gracias señor”. Luego, ayuda a estas empresas a cargar sus barcas de bienes naturales que van a diferentes partes del llamado “primer mundo”. Nos damos cuenta cómo las políticas económicas en un país como Guatemala son más bien dictadas por empresas (trans)nacionales, las cuales con dar migajas al estado guatemalteco y las elites económicas nacionales, guían el camino de “nuestro desarrollo”. A todas luces el estado y sus instituciones se ponen de rodillas ante el capital transnacional depredador. Desde ahí, descaradamente se articula una nueva promesa de prosperidad que se sustenta en el beneficio de unos pocos, la miseria de muchos y la devastación de la naturaleza. 

Esto tampoco es para sugerir que sectores indígenas—como algunos alcaldes o indígenas vinculados al ejército guatemalteco—queden inmunes ante el discurso neoliberal. El éxito del capitalismo ha sido precisamente su capacidad de ganar adeptos a su causa, logrando promover un falso anhelo de prosperidad económica al que se puede llegar con “arduo trabajo”. La Gremial de Empresarios Indígenas GUATEMAYA es ejemplo de esto dado que han encontrado en el neoliberalismo un atractivo a sus ambiciones políticas y materiales. Han hecho una alianza con las cúpulas de poder en base a su alejamiento de sectores populares indígenas que sobreviven la globalización desde la subalternidad. Por ejemplo, durante las celebraciones del Año Internacional de los Pueblos Indígenas en agosto de este año, la Gremial se quejaba de las manifestaciones y los bloqueos realizados en el país por las 12 Comunidades kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez, quienes resisten las campañas neoliberales de Cementos Progreso en su territorio.(6) 

Los enormes retos que los Acuerdos de Paz pusieron en la mesa para los gobiernos “democráticos” guatemaltecos, particularmente los derechos territoriales, fueron pues, dejados bajo la alfombra. Muchos a lo mejor pensaron que con una firma y una celebración de “paz” todos los problemas generados por la represión política de una vergonzosa historia guatemalteca se esfumarían a modo de dar paso un “borrón y cuenta nueva”. En retrospectiva, parece más bien que el pacto social que se estableció con la firma de los Acuerdos de Paz marco el inicio de una etapa neocolonizadora caracterizada por una descarada complicidad entre las elites guatemaltecas con los grandes dueños del capital transnacional. Al igual que en el pasado, estamos ante nuevas luchas por la vida y la defensa del territorio.

Vale añadir también que estas luchas no solo se libran en estos espacios contra empresas (trans)nacionales. Podemos mencionar los esfuerzos de los Mayas ixiles en el terreno legal con el juicio por genocidio al ex–general Efraín Ríos Montt, un Hitler que diez días después de haber sido condenado a 80 años de prisión salió de la cárcel al considerarse que había habido “errores” en el proceso por el que se le juzgaba.(7) La “posguerra” también extendió un nuevo manto de impunidad manifestado a través de la re-emergencia o visibilización de grupos del crimen organizado como los carteles de drogas, o quienes ejecutan feminicidios en varias partes del país.(8) En este sentido, la firma de los Acuerdos de Paz representa una continuidad a la violencia institucionalizada que hemos vivido en el pasado. 

Impresionante como la historia sigue un rumbo donde el poder, en lugar de aprender del pasado para no repetir las mismas catástrofes, más bien lo aprende para deformarlo, adoptarlo para sus propios fines y seguir haciendo exactamente lo mismo. Aquel dicho en el campo de la historiografía que dice, tenemos que saber y conocer la historia para no repetir los errores del pasado, se usa en Guatemala por los de arriba para sustentar y fortalecer su estatus quo. Para ellos, la historia es un archivo que es estudiado minuciosamente para actualizar y mejorar estrategias de dominación. 

Pero dentro de esa historia, también sabemos muy bien que nosotros podemos alimentar nuestro espíritu de lucha, dignidad y perseverancia con las historias de muchas mujeres y hombres mayas y no mayas que con su activismo y sacrificio, desde muchos siglos atrás, empezaron a desafiar el colonialismo y sus estrategias de dominación. Son esas otras experiencias y narrativas las que han venido tejiendo una telaraña colectiva que nos recuerda que la historia también tiene hilos de otros colores. 


Notas 


*Agradezco mucho los valiosos comentarios y sugerencias que recibí de Aura Cúmes, Gladys Tzul y Edgar Esquit a versiones tempranas de este texto. El resultado final es mi responsabilidad.

1. Véase pg. 26-29 de estos Acuerdos: http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/Rupturas/03.pdf Para una especificación más sustantiva sobre los derechos relativos a la tierra, véase también el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/Acuerdos-de-Paz/37.pdf especialmente el inciso “F”, pgs. 268-271. 

2. “Pérez Molina desvela su pacto por la seguridad, inversión y fin desnutrición”. El país. Sección de economía. 25 de octubre del 2013. http://economia.elpais.com/economia/2013/10/25/agencias/1382733649_669896.html

3. Ibidem:

4. Ver el artículo de Edgar Esquit, “Criminalización y negación de la política comunal maya” 2 de septiembre del 2013. Blog: “Comunidad de Estudios Mayas”.

5. Patrick Wolfe, “Settler Colonialism and the Elimination of the Native”. Journal of Genocide Research 8(4) 2006, 387-409. (pg. 387).


7. Para documentación e información sobre el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt, ver Juicio a Ríos Montt: http://riosmontt.com.es/

8. Para información sobre el feminicidio en Guatemala, véase el blog de “El Grupo de mujeres Ixchel”:

Monday, December 9, 2013

Pronunciamiento sobre cierre de CIRMA


Comunidad de Estudios Mayas
Colectivo de Fotógrafas Indígenas Con Voz Propia

Nosotras y nosotros Comunidad de Estudios Mayas y Colectivo de Fotógrafas Indígenas Con Voz Propia, manifestamos nuestra preocupación y nos pronunciamos con respecto al cierre abrupto del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA). Esta situación coloca en peligro la existencia de los fondos documentales y demás bienes confiados a esta institución a lo largo de su existencia; termina con una institución que podría ser de provecho para la generación de conocimiento y memoria histórica de los pueblos, e irrespeta los derechos de los trabajadores,

1.    Debido a la larga historia de expropiación en este país, tenemos el temor de que los archivos (fotografías, registros visuales y digitales, y documentos históricos únicos) acumulados por CIRMA, salgan de Guatemala o caigan en manos privadas de sectores conservadores, como ha ocurrido con tantos bienes, -especialmente patrimonio de los pueblos indígenas-, apropiados por grupos dominantes.
2.    Tomamos posición como mayas, porque no vemos los archivos en sentido estricto y exclusivo como un patrimonio nacional y universal. Para nosotras  y nosotros representan primero, la evidencia gráfica e histórica de las formas de dominación y de intermediación que desde la colonia se establecieron sobre hombres y mujeres que conformamos los pueblos indígenas y campesinos tanto en este país como en Mesoamérica. Las imágenes y los documentos exhiben también las miradas y las ideas sobre nuestros predecesores y su pasado. Éstas además, guardan la memoria de las estrategias políticas, formas de irrupción y negociación que a lo largo de la historia crearon los pueblos indígenas y campesinos. Y también, es un espacio donde se puede encontrar las imágenes y las ideas de aquellos sujetos que históricamente han tenido la posibilidad de construir los proyectos de dominación en Guatemala, a los que queremos seguir interpelando.
3.    Reclamamos este lugar como nuestro, no porque hayamos tenido participación activa como investigadores indígenas, al contrario nuestra ausencia ha sido marcada como suele suceder en los escasos centros de investigación de este país; pero CIRMA se ha conformado, en gran medida, sobre el estudio de la realidad de los pueblos indígenas y campesinos. Por lo tanto, es vital retomarlo como un espacio para reconstruir la memoria desde los pueblos y de las comunidades indígenas, campesinos, mujeres y de sectores populares de Mesoamérica.
4.    Los acervos acumulados por CIRMA deben ser convertidos en lugares o espacios de memoria insurgente, porque la administración y el recuerdo del pasado ha de ser un trabajo desde los pueblos y desde las luchas.

Por lo anterior:

1.    Demandamos que este gran archivo mesoamericano que se ha formado sobre la imagen y la realidad de los pueblos indígenas, campesinos y demás luchas realizadas en Guatemala, no sean sacados del país, ni sean trasferidos a manos privadas.
2.    Qué no se defraude la confianza de los pueblos indígenas y campesinos, ni de las personas que han confiado su patrimonio a CIRMA.
3.    Nos solidarizamos con las y los trabajadores de CIRMA que fueron cesados del trabajo sin previo aviso.
4.    Si los rumores de privatización de la institución o de ser trasladada al extranjero, no son certeras, solicitamos información amplia sobre las decisiones que se han tomado.

Guatemala, 4 de diciembre del 2013

Edgar Eskit,  Comunidad  de Estudios Mayas
Aura Cumes, Comunidad de Estudios Mayas
Gladys Tzul, Comunidad de Estudios Mayas/
Colectivo de Fotógrafas Indígenas Con Voz Propia
Emilio del Valle Escalante, Comunidad de Estudios Mayas
Jovita Tzul, Colectivo de Fotógrafas Indígenas Con Voz Propia
Aura Marina Chojolan, Colectivo de Fotógrafas Indígenas Con Voz Propia
Miriam Batz, Colectivo de Fotógrafas Indígenas Con Voz Propia
Irma Gutiérrez, Colectivo de Fotógrafas Indígenas Con Voz Propia
Francisca Gómez Grijalva
Máximo Ba Tiul
Irma Alicia Velásquez
Ajb’ee Jiménez

Tuesday, November 12, 2013

Entrevista con el Dr Demetrio Cojti - Chimaltenango, Guatemala 14 de enero de 2013

Aura Cumes, Gladys Tzul Tzul, Edgar Esquit y Emilio del Valle Escalante integrantes de la Comunidad de Estudios Mayas, entrevistaron al Dr. Demetrio Cojti, reconocido intelectual Maya Kakchikel, autor del libro Ri Maya' Moloj pa Iximulew (El Movimiento Maya en Guatemala) y varios artí­culos más. La entrevista tuvo como objetivo analizar la estructura de su trabajo y dialogar con respecto a sus propuestas metodológicas que pone en plano central el colonialismo interno y el colonialismo externo. En la entrevista se busca abordar las discusiones históricas y actuales en lo referente al estatuto de lo colonial. Esto último es parte central en los objetivos de la CEM quien se interesa en construir Genealogí­as de lo Colonial.

Para acceder la entrevista, ir al enlace: https://archive.org/details/EntrevistaConElDrDemetrioCojti 

Demtrio Cojti (De Diario de Centroamerica 13 de noviembre 2013)


Monday, September 2, 2013

Criminalización y negación de la política comunal maya en Guatemala

Edgar Esquit
Comunidad de Estudios Mayas

El pasado de los mayas en Guatemala es negado de dos maneras, por un lado se les considera como seres sin historia y por el otro se les atribuye un pasado de aberraciones. La lógica argumentativa dominante pareciera indicar que si los indígenas no tienen historia ellos simplemente deben sumarse a la nación como individuos, es decir, sin derecho políticos colectivos. Lo que se pretende mostrar en este artículo es que estas nociones dominantes basadas en la negación tienen consecuencias catastróficas en la vida cotidiana de los mayas y en la definición de sus derechos como pueblos en la actualidad. No obstante también se observan las formas en que los mayas vuelven a revertir estos actos de negación y sometimiento.

En el primer caso de negación se produce un efecto de amnesia pues se considera que los seres humanos definidos como indígenas simplemente carecen de historia, nadie sabe o tiene conocimiento sobre el pasado de estas personas o estos grupos o si se posee alguna noción al respecto, no tiene ninguna importancia mencionarla o discutirla. En este caso el argumento más recurrente es el que afirma que todos los habitantes de este territorio somos guatemaltecos o en su defecto, todos somos hijos de Dios. Vinculado a esta lógica argumentativa se ha creado la idea de los mayas como seres atemporales, son figurados como personas cuya vida no se transforma o como resistentes al cambio. (1) Para muchos las mujeres son el vivo ejemplo de ese mundo quietista, ellas usan un traje que no cambia desde su imposición colonial hasta la actualidad. Los indígenas como seres alejados de la historia o detenidos en el tiempo forman imaginarios que conduce a algunos a ignorarlos o a no pensarlos pues si son así, su existencia es indeseable e indigna desde este punto de vista.


Por el otro lado los indígenas o los indios surgen y existen como seres limitados y confinados a esa situación histórica. El pasado que se dibuja o imagina es uno de carencias debido a que los indígenas o los indios aún no alcanzan llegar a ser, sus vidas son insuficientes en sí mismas. Al mismo tiempo se considera que esta insuficiencia es algo prevaleciente y por eso aquellos, en muchos sentidos son considerados seres que viven en el pasado. Lo que resulta de esta formulación discursiva es la conformación de otros alegatos y políticas de control. Si el indígena es incapaz de intervenir sobre su propia vida entonces, ésta debe ser controlada por otros que en nuestro caso son el Estado, el ejército, los finqueros o las elites capitalinas. Estrechamente vinculado a esta noción general permanece el imaginario del indígena como mozo y como sirvienta. Su existencia duradera en el tiempo es vinculada a esta condición que esquiva cualquier otra construcción de  sentido histórico y político.


La conformación de la nación guatemalteca en los siglos XIX y XX tuvo una estrecha relación con estos escenarios en los que sociológica y epistemológicamente fueron colocados los mayas. Es verdad que los indígenas y demás sectores populares lograron la ciudadanía de una manera gradual, pues las constituciones poco a poco fueron integrando en la vida política a los incivilizados. Lo básico aquí es que a pesar de esta oportunidad de participación política otorgada la mayoría de estas personas fueron vistas como seres que mantuvieron o conservaban sus carencias o vacíos. Así, aunque en la última parte del siglo XX todos los habitantes adultos del país eran considerados ciudadanos siempre se pensó que las mujeres, los indígenas, los campesinos, las clases bajas, las analfabetas no ejercían una ciudadanía civilizada. Aunque ellos podían votar o ser electos para algún cargo público en todo momento había reservas sobre su capacidad para llevar adelante su tarea y actividad política. Desde una perspectiva dominante las mujeres carecían de capacidades humanas e intelectuales, los analfabetas no poseían los conocimientos y razonamientos certeros y los indígenas o indios padecían taras raciales vinculadas a su historia antigua, colonial y también a la condición campesina y de analfabetismo. De esta manera la ciudadanía de todos ellos siempre fue cuestionada, quedaba en entredicho, duda y desconfianza.



Autoridades kaqchikeles de Patzicía, 1959

En la segunda parte del siglo XX el indigenismo intentó darle un tratamiento cultural a las carencias mostradas por los indígenas. Ellos intentaron limpiar la cultura revalorizando todo aquello que no contradecía el mundo moderno. El multiculturalismo e interculturalismo oficial de nuestro tiempo regresa sobre esta práctica culturalista revalorizante que intenta controlar a los pueblos indígenas mediante el otorgamiento difuso y limitado de derechos culturales y sociales. Podemos observar que en estas soluciones los grupos dominantes se otorgan el derecho de autorizar la diferencia cultural y de construir un imaginario histórico sobre la relación de los mayas del pasado y del presente. Así se demuestra que el indigenismo y multiculturalismo son tratamientos culturalistas a problemas políticos históricos y actuales.

La ciudadanía guatemalteca controlada y las soluciones culturalistas así, surgieron como formas concretas de borrar u ocultar las actividades políticas históricas y contemporáneas en las comunidades mayas. Estas formas de control también especificaron que cualquiera acción de protesta desde aquel lugar sería entendida como disidencia, colocada en la ilegalidad y considerada como aberración. La historia política de los mayas de esta manera fue proscrita y los hombres y mujeres que mantuvieron sus formas de organización política comunal, su liderazgo, su protesta y resistencia, fueron objetos de persecución. Para participar los individuos (con identidad maya) debían colocarse en los ámbitos políticos autorizados es decir, el Estado, los partidos y la sociedad civil.


Las comunidades y los liderazgos mayas han desafiado de múltiples maneras este orden creado y han establecido una fuerte actividad política en la legalidad e ilegalidad. Hoy por hoy podemos encontrar múltiples rastros en la memoria y en los archivos sobre esta actividad política dentro de la nación y Estado guatemalteco. En los mismos lugares, podemos encontrar indicios sobre el tratamiento dado por el Estado, los finqueros, muchos sectores ladinos y el ejército a los hombres y mujeres que actuaron como dirigentes de la política comunal maya. En términos generales podemos hablar de la tolerancia, de la recurrencia a la ley y de la aplicación de la violencia como formas comunes para tratar o contener dicha acción política subalterna.


Durante los siglos XIX y XX, cuando la actividad organizativa maya fue útil al Estado y a los grupos dominantes, porque ayudaba a mover el aparato de control, ellos la toleraron, al contrario cuando desafiaba abiertamente los sistemas de control, estas formas de liderazgo y política disidente eran denunciadas como ilegales y los líderes eran perseguidos hasta ser advertidos, encarcelados y torturados. En muchos otros momentos dichos dirigentes simplemente eran asesinados o amenazados para darle fin a su actividad política comunal en la legalidad e ilegalidad. Como se ve la nación y el Estado guatemalteco se fundan sobre esta construcción política y social, de violencia y legalidad. En los dos siglos de formación del Estado guatemalteco nosotros podemos identificar esta lógica política y de disciplina amenazante, pero también podemos observar su reorganización en base a recambios y readaptaciones.


Los líderes comunales y campesinos mayas, xincas y mestizos que actualmente están desarrollando una fuerte actividad política y de protesta en contra de la extracción minera, la instalación de hidroeléctricas o que en términos generales defienden el uso histórico-autónomo de los territorios (2) enfrentan el poder disciplinario y del orden legal guatemalteco.  Lo importante en todo este proceso es entender la fuerte imbricación (3) entre estos mecanismos de normalización usados para mantener la subalternidad o la dominación sobre los mayas, campesinos y la vida rural.


En los siglos XIX y XX la amenaza en contra de líderes comunitarios siempre se desenvolvió desde el ámbito legal y de violencia que imperó en el país y también en la unión de estas dos esferas que intentaron mostrar la legalidad del acto de persecución. Así pues, examinar la lógica de la persecución legal y la violencia en contra de líderes comunitarios y campesinos, por ejemplo los casos de Juan López (CUC) Crisanta Pérez (San Miguel Ixtahucán) Daniel Pascual (CUC) Saúl Aurelio Méndez, Antonio Rogelio Velásquez, Hermelinda Simón y Daniel Pedro Mateo (Santa Eulalia y Barillas) es indispensable. Incluso la violencia sufrida por niños como David Estuardo Pacay y Ageo Isaac Ruiz (Cobán) nos revela las condiciones que facilitan al Estado y sectores dominantes la definición de todas estas personas como delincuentes, terroristas, personas manipuladas y no como hombres y mujeres que viven y conducen la política comunal.  



Consulta comunitaria, Zona Reyna, 2011 

La acción que viabiliza la persecución legal e ilegal en contra de los líderes comunitarios es el acto de borrar la identidad política comunal la cual está estrechamente vinculada con la actividad de negación de la historia de las comunidades y del liderazgo maya, xinca, mestizo o de cualquier otro tipo. Esto significa que una mujer-maya-líder-comunitaria-rural fácilmente puede ser perseguida como delincuente o terrorista debido a las condiciones históricas, sociales, legales y de violencia en que operan estas identidades que porta y a partir de las cuales se acciona políticamente. La negación del vínculo político que estructuran estas identidades es lo que viabiliza la persecución y finalmente da forma a la violencia política que -desde el poder- es entendida como cumplimiento de la ley, persecución del terrorismo o de la delincuencia común. Es así como se produce la negación de las identidades políticas mayas, en una estrecha relación entre imaginarios históricos racistas, coloniales y condiciones sociológicas actuales a nivel nacional y mundial.

El acto de negar las identidades políticas mayas, sin embargo, no es algo que opera de manera unánime o lineal borrando la memoria de los subalternos o de la comunidad. Sobre la base de sus luchas pasadas y recientes ellos construyen nuevos símbolos con el fin de recordar la dominación, con el propósito de pensar los caminos trazados y para desafiar nuevamente el poder del Estado y el de las élites. Daniel Pedro Mateo el líder comunitario asesinado en abril del 2013 en Santa Eulalia, Huehuetenango, ahora ha sido declarado Mártir y Héroe Jolom Konob’ en aquel pueblo. De esta forma los q’anjob’al establecen un vínculo profundo entre sus imaginarios sobre el pasado político y cultural de sus comunidades con las luchas y desafíos que les presenta el Estado y el mundo capitalista del siglo XXI. Aún si su política es negada en muchos ámbitos, fuera de la comunidad o de la región, ellos continúan actuando desde dichas identidades políticas comunales y de esta manera se forjan un lugar –autónomo- en el presente y el futuro de la humanidad.


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(1) Véase Diana Nelson. Man ch’itil un dedo en la llaga, Cholsamaj, Guatemala, 2006.

(2) Tomo esta noción de Gladys Tzul Tzul, notas intercambiadas por correo electrónico.  
(3) Michael Foucault. Defender la sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, 2002.